La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México expresó su más enérgica condena ante la agresión física y las amenazas sufridas por Beatriz Uscanga, madre buscadora, en el estado de Jalisco. Los hechos ocurrieron mientras Beatriz exigía justicia y continuaba la búsqueda de su hijo Sebastián, desaparecido desde septiembre tras abordar un autobús desde el estado de Querétaro hacia Jalisco, lugar donde había recibido una oferta de trabajo.
De acuerdo con el pronunciamiento, el 16 de noviembre, Beatriz se trasladaba de una misa hacia el refugio donde se encontraba hospedada en Jalisco —estado al que acudió exclusivamente para realizar labores de búsqueda— cuando fue interceptada por un grupo de hombres. Durante el ataque fue golpeada y amenazada de manera directa con abandonar el estado:
“Esta es la última advertencia; si no te vas de Jalisco, atente a las consecuencias”, le dijeron.
Este acto de violencia se inscribe en un contexto alarmante de hostilidad creciente contra madres buscadoras y colectivos que, ante la inacción o insuficiencia del Estado, realizan labores fundamentales para localizar a personas desaparecidas. Su trabajo, lejos de ser reconocido y protegido, se ha convertido en una actividad de alto riesgo.
Aún más preocupante resulta que, tras la agresión, autoridades recomendaron a Beatriz abandonar Jalisco, una “sugerencia” que evidencia la falta de garantías reales de seguridad y protección para quienes ejercen su legítimo derecho a buscar a sus familiares desaparecidos. En lugar de ofrecer resguardo, acompañamiento y justicia, la respuesta institucional refuerza un escenario de desprotección y revictimización.
Ante estos hechos, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos hizo un llamado urgente a las instituciones competentes para que asuman su responsabilidad y garanticen entornos seguros y dignos para las buscadoras. Entre las acciones prioritarias exigidas se encuentran:
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Protección inmediata e integral para Beatriz Uscanga y su familia, en el marco de los mecanismos nacionales e internacionales de protección, asegurando su permanencia en condiciones de seguridad.
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Investigación exhaustiva, pronta y con perspectiva de género sobre la agresión, que permita identificar y sancionar tanto a los responsables materiales como intelectuales.
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Implementación de garantías de no repetición, mediante políticas públicas que fortalezcan la seguridad de las madres buscadoras y colectivos, en Jalisco y en todo el país.
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Reconocimiento institucional de las buscadoras como defensoras de derechos humanos, visibilizando su aporte esencial para enfrentar la crisis de desapariciones y garantizar el derecho a la verdad y la justicia.
La Red expresó su solidaridad con Beatriz Uscanga y con todas las madres buscadoras que, en medio de amenazas, violencia y abandono institucional, sostienen la esperanza de encontrar a sus seres queridos. Subrayó que la agresión contra Beatriz no es un hecho aislado, sino un ataque directo contra todas las mujeres defensoras de derechos humanos y contra el derecho colectivo a la verdad y la justicia en México.
Finalmente, se hizo un llamado urgente a la sociedad civil, organismos internacionales y autoridades competentes para vigilar, acompañar y exigir garantías de seguridad para las madres buscadoras y defensoras de derechos humanos. En un país marcado por la crisis de desapariciones, proteger a quienes buscan no es una opción: es una obligación del Estado.
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